Roger Torres Peniche, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, propuso que en lugar del reemplacamiento, el Gobierno del Estado opte por un refrendo vehicular, medida que está dentro de sus facultades.
“El Poder Ejecutivo tiene la capacidad legal de autorizar un refrendo hasta por cinco años consecutivos, evitando que las familias yucatecas tengan que absorber este alto costo. Es una alternativa viable y responsable para no afectar la economía de los ciudadanos”, afirmó.
El ex funcionario estatal explicó cómo el reemplacamiento vehicular afectará a las familias yucatecas.
Refrendo, en vez de reemplacamiento
Puso como ejemplo el caso de un propietario de un automóvil Figo 2017, quien deberá pagar un total de $6,318 pesos para seguir circulando. Este monto incluye:
- Derecho de placas: $1,465
- Tarjeta y calcomanía: $300
- Impuesto adicional para obras y asistencia social: $353
- Seguro vehicular obligatorio: $3,100
- Cambio de propietario (en caso necesario): $1,100
Por su parte, el diputado, Álvaro Cetina Puerto, destacó el impacto que esta medida tendrá en los motociclistas, quienes representan casi el 30% del padrón vehicular en Yucatán.
“La mayoría de los usuarios de motocicletas son personas de menores ingresos que dependen de este medio de transporte para trabajar y llevar sustento a sus familias”, dijo.
“Este reemplacamiento es un golpe directo a su economía. No podemos permitir que se cobre lo mismo sin tomar en cuenta las diferencias de poder adquisitivo y las necesidades de cada sector”, subrayó Cetina Puerto.
También señaló que, aunque Morena evite llamarlo públicamente «reemplacamiento», la Ley de Ingresos refleja un aumento del 451% en el cobro por cambio de placas y del 474% en la expedición de tarjetas de circulación.
Lo anterior demuestra a todas luces que habrá reemplacamiento en el 2025, y que se impactará indiscriminadamente a quienes poseen un vehículo.
El legislador Rafael Montalvo propuso además que los vehículos que ingresen de otros estados realicen el cambio de placas de manera obligatoria.
En tanto, los propietarios locales que solo cumplan con el refrendo, simplificando el proceso y evitando costos excesivos.
